En México, la instalación de presas hidroeléctricas va acompañada por graves violaciones de los derechos humanos de miles de pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Desplazamientos forzosos, escasa o nula indemnización, reubicaciones inadecuadas en zonas no aptas para el cultivo, quiebre de las organizaciones comunitarias, e incluso pérdidas de vidas humanas, son solo algunos de los efectos que ocasionan estas iniciativas, en su mayoría privadas, que se ejecutan con el apoyo del gobierno.

Esta problemática está lejos de acabar ya que nuevos proyectos hidroeléctricos emergen amenazando el sustento y la calidad de vida de miles de familias mexicanas, como es el caso de la empresa ENERSI S.A. de C.V que pretende represar el Río Verde en el municipio de Santa Cruz Zenxontepec, estado de Oaxaca.

Fotografía 1: vista del poblado Paso de la Reina en Oaxaca y en el fondo la cuenca del Río Verde. Fuente: COPUDEVER.

El 20 de enero de 2020, el presidente del citado país, Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia matutina que “no se construirán nuevas presas, no se realizará la presa Paso de la Reina en Oaxaca”. Sin embargo, tan solo un mes después se publicó la evaluación de impacto ambiental de este mismo proyecto hidroeléctrico en la gaceta ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que es una de las secretarías de Estado que integran el denominado gabinete legal de la Presidencia de México. Según este oficial, la empresa propone la instalación y operación de una central hidroeléctrica con una capacidad de potencia de 17.9 mw, a partir a derivación de 158.77 m3/s de agua que fluye por el rio verde.

Según la denuncia presentada por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) el 8 de marzo del 2020 un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo. Para la comunidad este hecho tendría relación con el proyecto y se trataría de una acción intimidatoria.

Antecedentes y el origen de la COPUDEVER

Las amenazas al Río Verde y a las formas de vida de la cuenca iniciaron hace aproximadamente 15 años atrás. El proceso de organización regional comunitaria comenzó en el 2006, con el objetivo de resistir ante la intención del Gobierno Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad de construir presas para generar electricidad. Un año más tarde se conforma el COPUDEVER y desde allí la lucha continua. Según esta organización, en la cuenca del río se tienen proyectados al menos 6 proyectos hidroeléctricos ubicados en los municipios de Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Itundujia, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés y Tututepec. Se construirse todas estas represas, los efectos serían devastadores y significaría la muerte para la cuenca, los ecosistemas y la vida de los pueblos.

En julio del 2018, la comunidad logró detener los proyectos de infraestructura sobre el Río Verde a través de un amparo (701/2018) concedido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca al ejido de Paso de la Reina. Sin embargo, la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua interpusieron un recurso de revisión contra la resolución del juez. Las comunidades entendieron esta acción como un “regateo” de sus derechos por parte del gobierno, favoreciendo así a las empresas.

Otroo de los intentos por llevar a cabo esta represa se dio en el año 2019, cuando esta misma empresa presentó por primera vez el estudio. En agosto, los pueblos indígenas Chatino y Mixteco se pronunciaron en contra del proyecto por las graves afectaciones que este traería sobre sus vidas y sobre el ecosistema de la región.

“A lo largo de nuestra vida como Pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos”, expresaron en su pronunciamiento público estas comunidades que pertenecen a la Sierra Sur y Costa de Oaxaca. El 29 de noviembre de ese mismo año el proyecto fue rechazado por la SEMARNAT por inconsistencias, según publicó el COPUDEVER en su página oficial.

Mapa 1: Cuenca hidrográfica del Río Verde en Oaxaca, México. Fuente: Universidad de Colorado

El desplazamiento forzado es una violación a los derechos humanos de carácter pluridimensional que impacta los derechos de un grupo de personas que son forzadas a abandonar la localidad en la que habitan, dejando atrás –entre otras cosas– sus pertenencias y redes de apoyo, y trasladándose a un espacio en condiciones –la mayoría de las veces– deplorables, con la finalidad de salvar su integridad personal (SÁNCHEZ-GARZOLI, 2016).

Fotografía 2: pobladores cosechan la papaya cultivada con el sistema de riego proveniente del Río Verde. Fuente: COPUDEVER.

La mayor parte de las poblaciones desplazadas se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Estas actividades les brindaba no solo recursos económicos, sino su propia seguridad alimentaria. Al ser afectados sus medios de vida, muchas de estas familias quedan dispersas y acaban en la miseria de las periferias de las grandes ciudades. La pobreza es una de las principales consecuencias de los desplazamientos forzosos. Estas familias quedan privadas del acceso a una alimentación adecuada, a la tierra, a una comunidad y a una indemnización digna.

Escrito por Clara Lorena Páez e Laisa Massarenti Hosoya